La asociación de defensa animal Stéphane Lamart pide que se condene a los agresores de perros policía «por agravar las circunstancias con sentencias ejemplares».
Durante sus misiones, los perros policía a veces son maltratados, brutalizados, golpeados por individuos: la asociación de defensa animal Stéphane Lamart exige a Gérald Darmanin un estatus oficial para estos animales para que los perpetradores sean castigados.
«Estos perros no tienen ninguna condición especial, estos individuos corren el riesgo de casi nada de cara a la justicia (…) y el hecho de que estos mismos perros son heridos o incluso muertos durante su misión no cambia mucho», lamenta en declaraciones a la prensa Stéphane Lamart, presidente de la asociación del mismo nombre.
Espera que el ministro del Interior emita un decreto que confiera a estos animales el estatus oficial de perros policía.
«Con este estatuto especial, los autores de malos tratos a perros policía en misión podrían ser citados ante la justicia y condenados por agravantes con penas ejemplares», explica, afirmando transmitir «una fuerte demanda entre los agentes de policía y gendarmería, incluidos todos los agentes de policía. «.
«El animal se considera un bien»
“Cuando se avería un vehículo policial, el hecho de que sea un vehículo oficial del Estado constituye un agravante. El acusado se arriesga entonces a una pena más severa que si hubiera atacado a un perro policía. Esto es simplemente una aberración”, cree.
Según Frédéric Lagache, del sindicato Alliance, «hay un vacío legal porque el animal es considerado un bien».
«El delito ‘retenido en caso de malos tratos’ depende de la acusación, que en caso de lesiones leves puede representar el desprecio de un oficial, pero esto es extremadamente raro, ya sea el acto de intimidación o malos tratos, o el acto de barbarie en caso de lesiones graves ”, dijo.
Quiere, «como algunos senadores que han empujado en esta dirección», «que se considere a los perros policía como policías de pleno derecho, para que la violencia sea reconocida como delitos plenos». En el Ministerio del Interior, nadie respondió a las solicitudes de AFP.
