La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha adoptado un acuerdo sobre la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a la elaboración de un reglamento que regule la situación de las unidades caninas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de las entidades y organizaciones civiles que prestan también servicio empleando perros de servicio.
Desde el grupo popular aseguran que “A finales de 2017, fue aprobado por unanimidad en el pleno del Congreso las modificaciones del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil orientado a eliminar la cosificación de los animales ante el ordenamiento jurídico, así mismo, cabe la posibilidad de plantear cuantas propuestas sean precisas para el desarrollo de la regulación protectora”.
Por otro lado, se hace referencia al actual vacío legal que afecta al ámbito de las unidades caninas en general, ya formen parte de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, o sean integrantes de los diferentes grupos que desarrollan tareas de colaboración con las primeras, ya pertenezcan a empresas, instituciones, organizaciones y asociaciones de carácter civil.
En el texto de la Proposición de Ley se hace referencia a la situación jurídica de estas agentes caninos.
“Dentro del entorno europeo, existen países que ya han avanzado con la normalización de la situación jurídica de estos agentes caninos, también llamados perros de servicio, reconociendo así la labor esencial que realizan estos animales en la detección de drogas, armas, explosivos, búsqueda y rescate, prevención o investigación de incendios, vigilancia medioambiental, etc…”
Según los populares, en nuestro país nos encontramos con dos problemas concretos que afectan a las unidades caninas:
- 1.- La variedad de situaciones en las que se encuentran las diferentes unidades caninas de los cuerpos públicos, dígase, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Fuerzas Armadas… que aunque se encuentran regulados por el orden institucional al que corresponden, aún presentan lagunas regulatorias.
- 2.- Por otro lado, se menciona el actual estado de vacío legal, provocado por la falta de regulación en el ámbito civil que afectan a los diferentes sectores profesionales.
- Falta de regulación de la profesión de adiestrador canino
- Falta de una acreditación u homologación de centros de formación para adiestradores y guías caninos.
- Falta de regulación de la situación de los perros respecto de su identificación como agente público o civil en relación a los servicios que prestan dentro del binomio persona-perro.
- Por no mencionar la evaluación a la que deberían someterse para mantener su acreditación, o la atribución de los derechos que les amparan para situaciones tales como el acceso a espacios públicos, retiro de la actividad, delitos que atenten contra la integridad física o la seguridad de estos agentes caninos y una larga lista de aspectos que deberían ser legislado en pro de velar por los intereses de estos animales, de su protección y de la calidad del servicio que pueden prestar durante su vida útil.
Por motivos el Grupo Parlamentario Popular solicita la elaboración de un reglamento que regule la situación de las unidades caninas tanto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las empresas y organizaciones civiles, y así poder hacer frente a los problemas desarrollados en la exposición de motivos de índole legal, técnico y de normalización del sector.
Además, pide crear por parte del Ministerio del Interior en el marco de esta estrategia una mesa de estudio. Esta estará compuesta por las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las entidades civiles del sector, y de esta manera poder evaluar la revisión de las necesidades y deficiencias existentes, la relevancia de su regulación y la definición clara y concreta de los diferentes espacios de trabajo y campos de especialización en la cual también se ven afectadas no solo el Código Civil sino también el resto del actual marco legal, dand
